1° de Mayo: historia, origen y lucha detrás del Día Internacional del Trabajo

El 1° de Mayo, conocido como el Día Internacional del Trabajo, es una jornada de conmemoración, memoria y reivindicación de los derechos conquistados por la clase trabajadora a través de la lucha, la organización y la solidaridad internacional.

Origen: la huelga que encendió la historia

La historia se remonta a 1886, en Chicago, Estados Unidos, cuando miles de obreros iniciaron una huelga masiva para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas. En aquel entonces, era común que los trabajadores —incluidos niños y mujeres— laboraran entre 12 y 16 horas diarias, en condiciones precarias y con salarios de miseria.

El 1 de mayo de ese año, más de 400.000 trabajadores se sumaron a la huelga en diferentes ciudades del país. La tensión alcanzó su punto más alto el 4 de mayo, cuando en Haymarket Square (Chicago) una protesta pacífica fue reprimida violentamente. Una bomba explotó entre la multitud, murieron varios policías y civiles, y el gobierno responsabilizó a líderes sindicales. Ocho de ellos fueron condenados sin pruebas sólidas; cinco fueron ejecutados.

Estos mártires pasaron a la historia como “los mártires de Chicago”, y su sacrificio se convirtió en símbolo de la lucha obrera mundial.

La proclamación internacional

En 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, reunido en París, proclamó el 1° de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Desde entonces, millones de personas en todo el mundo han salido a las calles cada año para conmemorar esa lucha histórica y seguir exigiendo mejores condiciones laborales.

Celebración 1° de Mayo

El 1° de mayo es, ante todo, una jornada de lucha y reflexión. A lo largo del siglo XX y XXI, los trabajadores han seguido conquistando derechos: sindicalización, seguridad social, licencias laborales, salario mínimo, jornada laboral digna, entre muchos otros. Pero también han enfrentado nuevas formas de explotación: precarización, tercerización, plataformas digitales sin garantías, entre otras.

En países como Colombia, el Día del Trabajo ha sido escenario de masivas movilizaciones y actos reivindicativos, liderados por sindicatos, centrales obreras y organizaciones sociales. Es una fecha que reafirma la necesidad de defender los logros alcanzados y de seguir luchando por trabajo digno, igualdad, justicia social y respeto por los derechos humanos.

Trabajo sin garantías: así sobreviven los repartidores de Rappi

Cada mañana, en el parque principal del municipio de Mosquera, Cundinamarca, se congrega un grupo de trabajadores  invisibilizados, aunque esenciales para el ritmo urbano actual: los repartidores de Rappi. Entre ellos está Javier Quiñones, líder de Sinatrap- Agremiar, Mosquera y domiciliario activo de Rappi, quien junto a sus compañeros, se prepara para una nueva jornada cada mañana. Sin sede, sin infraestructura, sin derechos laborales garantizados, sobre sus hombros descansa la responsabilidad de conectar al comercio con el consumidor.

“Nos reunimos aquí porque no tenemos otro sitio”, cuenta Javier. “Rappi no ha gestionado con la Alcaldía un punto de encuentro para nosotros. No tenemos donde parquear, no hay baños, no hay sombra cuando llueve… y cuando llega tránsito o la policía, nos multan o se llevan las motos”.

Invisibles, pero esenciales

A pesar de ser una pieza clave en el movimiento económico del municipio —especialmente en restaurantes, supermercados y tiendas—, los trabajadores de plataforma carecen de lo más básico para desarrollar su labor dignamente. No tienen un punto para cargar sus celulares, un espacio para descansar ni una oficina donde presentar inquietudes. “No hay un jefe de zona, no sabemos a quién acudir. Estamos solos”, dice el domiciliario.

Las condiciones de trabajo que describen rayan en la precariedad. Aunque los usuarios pueden creer que estos repartidores cuentan con beneficios por parte de la aplicación, la realidad es otra. “Nosotros compramos nuestras maletas. Valen unos $165.000. La gente piensa que nos las da Rappi, pero no es así. Tampoco tenemos chaquetas, ni impermeables. Si queremos protección, la pagamos de nuestro bolsillo”, denuncia.

No se reconoce el esfuerzo

La lógica de pago también genera profundas injusticias. Por ejemplo, cuando están en Mosquera y reciben un pedido desde Funza, la app solo paga desde el restaurante hasta el destino final, sin contar los kilómetros que recorre el trabajador para ir a recoger el pedido. “Esos recorridos los hacemos gratis. Un pedido que debería costar $9.000, nos lo pagan a $3.050”, señala Javier.

Los “dobletes” o “tripletes” —pedidos múltiples en un mismo recorrido— no son mejor pagos, sino al contrario. “Nos hacen recoger dos o tres domicilios y solo nos pagan como si fuera uno solo. Al cliente sí le cobran por cada uno, pero a nosotros no”.

Y si algo sale mal —una fila larga en el supermercado, un restaurante cerrado, una cancelación del usuario— la penalización recae sobre el repartidor. “Eso nos baja la tasa de finalización. Si estás en rango diamante y te bajan a plata o bronce, en vez de recibir 18 pedidos al día, pasas a 3 o 5. Nos afecta directamente el bolsillo”, añadió Yosbert Gilbert Romero, líder de Sinatrap, Mosquera.

Sin derechos, sin respaldo

Los accidentes son otra realidad crítica. “Si tenemos un accidente, nos dicen que tenemos 10 o 15 minutos para reportar. Pero mientras llegan, ya puede haber pasado lo peor. Ha habido compañeros que han muerto o quedado amputados, y Rappi no responde con seguro ni pensión. No tenemos ningún respaldo real”, denunció Alfredo Vera, líder de Sinatrap, Mosquera, Cundinamarca. 

Organización y dignidad

A pesar de las dificultades, hay esperanza en la organización colectiva. “Estamos tratando de construir la presencia del sindicato en la zona, porque solos no podemos. Queremos que se escuche nuestra voz, que se reconozca nuestro trabajo y que no se vulneren más nuestras condiciones laborales”.

La Confederación de Trabajadores de Colombia – CTC acompaña este proceso, reafirmando que los trabajadores de plataformas también tienen derecho a condiciones dignas, a protección y a ser tratados como lo que son: trabajadores.

“Muchos creen que tenemos hora de almuerzo, pero justo a esa hora es cuando más pedidos salen. Comemos lo que podemos, como podemos. Y muchas veces nos juzgan por errores de otros. Nos dicen que nos robamos pedidos. Pero no todos somos así. Solo pedimos que no nos metan a todos en el mismo saco”, concluyó Javier Quiñonez.

La CTC seguirá visibilizando la realidad de los trabajadores de plataforma y respaldando su organización. Porque el trabajo digno no es un privilegio: es un derecho.

 

 

Continúa la Negociación Estatal: Centrales obreras rechazan propuesta salarial del Gobierno

Durante la tercera jornada de la Negociación Nacional Estatal de Empleados Públicos, el Gobierno Nacional presentó una propuesta de incremento salarial correspondiente al IPC más un 1.3%. Si bien esta oferta representa una mejora con respecto a las propuestas de administraciones anteriores, las centrales obreras y federaciones sindicales consideran que sigue siendo insuficiente para responder a las necesidades y expectativas de los trabajadores estatales.

Las organizaciones CTC, CUT, CGT, FECODE, FECOTRASERVIPÚBLICOS, UTRADEC, ÚNETE y FENALTRASE manifestaron su inconformidad y presentaron una contrapropuesta que esperan sea analizada de forma seria por parte del Gobierno. La mesa de negociación se reanudará el próximo martes 29 de abril, y las partes buscan alcanzar un acuerdo que dignifique las condiciones laborales, salariales y prestacionales de los empleados públicos del país.

Además, las centrales sindicales reafirmaron su compromiso con la lucha por la justicia laboral y social, y expresaron su respaldo a las reformas sociales y al proceso de consulta popular por el «Sí». Hicieron un llamado a todas las trabajadoras y trabajadores a mantenerse atentos y participar activamente en las convocatorias que se promuevan en apoyo a las negociaciones y las movilizaciones sociales.

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Avanza la negociación estatal 2025: Gobierno Nacional presenta informe macroeconómico previo a contrapropuesta salarial

En el marco del proceso de negociación estatal 2025, el Comando Nacional Unitario —integrado por la CTC, la CGT y la CUT— informó sobre el desarrollo de la jornada de negociación sostenida este miércoles 23 de abril con el Gobierno Nacional.

Durante la sesión, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentaron un informe macroeconómico y financiero que expone las principales variables económicas y fiscales del país, correspondientes al cierre del año 2024 y al primer trimestre del 2025.

Este documento, que refleja el panorama fiscal actual y las proyecciones económicas para el resto del año, fue compartido por el Ejecutivo como insumo técnico previo a la formulación de su propuesta de incremento salarial para las y los servidores públicos del país.

Sin embargo, los representantes del Gobierno solicitaron aplazar la presentación oficial de la cifra correspondiente a su contrapropuesta salarial. Argumentaron que es necesario concluir el análisis técnico del informe presentado antes de definir una posición formal.

Desde el Comando Nacional Unitario se reiteró el llamado al Gobierno para que este proceso de negociación avance con seriedad, responsabilidad y celeridad. Asimismo, se hace énfasis en que el bienestar y la dignidad de las y los trabajadores del Estado colombiano deben ser una prioridad en cada etapa de esta negociación.

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Avances de la negociación estatal 2025

La Bancada Sindical de Servidores Públicos, que representa a las y los trabajadores del sector estatal, compartió el estado actual de la Negociación Estatal 2025, luego de una importante jornada con el Gobierno Nacional realizada el martes 22 de abril.

Durante el encuentro, el Gobierno presentó una propuesta metodológica para abordar el pliego de peticiones unificado de las centrales obreras. Esta incluye la elaboración de un estudio macroeconómico destinado a evaluar el impacto financiero de las solicitudes en las finanzas públicas.

No obstante, la bancada sindical expresó su inconformidad frente al retraso en la preparación de estos insumos técnicos, argumentando que, al estar ya en abril, era deber del Gobierno haber anticipado dichos estudios, respetando los tiempos establecidos para la negociación.

Una exigencia clara: incremento salarial justo y urgente

Uno de los puntos centrales planteados por la bancada sindical fue la urgente necesidad de conocer la cifra oficial de contrapropuesta salarial. Este tema, consideran, debe ser el primero en discutirse en la mesa. La propuesta sindical plantea un incremento que combine el IPC del 2024, que cerró en 5.2%, con un aumento adicional del 5%, como reconocimiento al deterioro del poder adquisitivo y al compromiso del personal estatal durante el último año.

Frente a esta exigencia, el Gobierno aceptó el planteamiento y se comprometió a presentar, el miércoles 23 de abril, el panorama macroeconómico nacional acompañado de su cifra de propuesta salarial. Este paso se perfila como clave para destrabar la negociación y avanzar con el análisis técnico del resto del pliego.

Seguimiento a acuerdos pasados: otro compromiso del Gobierno

Otro avance significativo fue el acuerdo para establecer un cronograma de cumplimiento de los compromisos adquiridos en negociaciones anteriores, muchos de los cuales permanecen aún sin ejecución. Asimismo, el Gobierno deberá entregar un informe estadístico detallado sobre el estado actual de cumplimiento de dichos compromisos.

Compromiso sindical con condiciones laborales dignas

La Bancada Sindical reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales del sector público y llamó al Gobierno Nacional a actuar con responsabilidad, celeridad y buena fe durante este proceso de negociación. A su vez, hizo un llamado a las organizaciones sindicales, sus bases y a toda la ciudadanía a mantenerse firmes y unidos en la lucha por condiciones laborales justas.

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Propuesta de cuestionario para la Consulta Popular

Las principales centrales sindicales del país —la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT)— presentaron de manera conjunta una propuesta de cuestionario para la Consulta Popular sobre derechos laborales, dirigida al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti.

Esta iniciativa, respaldada por la Plataforma Laboral, refleja el compromiso del movimiento sindical con la búsqueda de transformaciones estructurales que erradiquen la precariedad laboral, combatan la discriminación y recuperen derechos fundamentales arrebatados a los trabajadores y trabajadoras colombianos.

Un cuestionario con enfoque en justicia laboral

La propuesta surge como respuesta a la necesidad urgente de construir un modelo laboral más justo, democrático e inclusivo. Entre sus principales objetivos se encuentra la erradicación de la informalidad, el fortalecimiento del contrato laboral estable, y la prohibición de la tercerización de las actividades esenciales en las empresas, una práctica que ha deteriorado la calidad del empleo en el país.

Siguiendo ejemplos exitosos como el de México, donde se prohibió la subcontratación en el núcleo del negocio empresarial, el movimiento sindical colombiano propone adoptar medidas similares para garantizar la estabilidad laboral y los derechos de todos los trabajadores, incluidos rurales y contratistas.

Combate a la discriminación estructural en el trabajo

El documento también hace énfasis en el combate a la discriminación laboral, proponiendo establecer la presunción de discriminación en casos relacionados con criterios históricamente excluyentes y exigir a los empleadores la carga de la prueba. Además, se plantea la reparación integral de derechos vulnerados, incluyendo la reincorporación laboral como medida efectiva de justicia.

Negociación colectiva solo con organizaciones sindicales

Otro punto clave de la propuesta es limitar la negociación laboral a organizaciones sindicales legalmente constituidas, una medida alineada con los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con ello, se busca proteger el derecho de asociación y fortalecer la negociación colectiva como herramienta de equilibrio en las relaciones laborales.

Restablecimiento de derechos eliminados por la Ley 789 de 2002

El movimiento sindical también plantea la recuperación de los derechos laborales eliminados por la reforma de 2002, que afectó negativamente las condiciones de trabajo nocturno, dominical, la estabilidad ante despidos y el contrato de aprendizaje. La evidencia demuestra que tales cambios no generaron los beneficios prometidos y, en cambio, profundizaron la desprotección de los trabajadores.

Una propuesta legal, legítima y construida colectivamente

Las centrales obreras destacan que esta propuesta cumple con los estándares establecidos por la Corte Constitucional para las consultas populares: claridad, objetividad, pertinencia e interés general. Además, está en consonancia con los principios y objetivos de la Reforma Laboral impulsada por el actual gobierno.

Compromiso sindical con el país

El movimiento sindical reafirma su voluntad de participar activamente en esta consulta popular, un anhelo de décadas para el pueblo trabajador colombiano. Esta propuesta de cuestionario es una muestra de su compromiso con los derechos laborales y la justicia social, que también se verá reflejado en movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país.

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Unificación del Pliego Nacional Estatal

Este lunes 14 de abril se logró un importante avance con la unificación del Pliego Nacional Estatal. Como resultado de este acuerdo, se estableció la instalación de la Mesa Nacional de Negociación, conformada por 40 dirigentes que representan a todas las centrales y federaciones sindicales del país.

En una siguiente etapa, se pondrá en marcha la mesa de negociación, espacio fundamental para el inicio del diálogo entre las organizaciones sindicales y el Gobierno Nacional.

Puntos clave que plantea el Pliego:

  • Cumplimiento de acuerdos anteriores

Se solicita que el Gobierno respete y cumpla los compromisos adquiridos en negociaciones previas, garantizando su implementación efectiva.

  • Reforma del Decreto 243

Se propone modificar esta normativa para fortalecer la política laboral y mejorar la carrera administrativa en el sector público.

  • Salarios y beneficios

Las centrales sindicales exigen un incremento salarial equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) + 5 puntos porcentuales para los años 2025 y 2026, asegurando así una mejora real en el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, se solicita el pago de horas extras, bonificación por antigüedad, primas extralegales y compensaciones adecuadas.

  • Bienestar y capacitación

Se plantea la creación de un programa de formación y capacitación en tecnología, robótica e inteligencia artificial, financiado por el Gobierno y desarrollado en alianza con universidades públicas, para garantizar la actualización y desarrollo profesional de los trabajadores del Estado.

  • Seguridad y salud en el trabajo

Se demanda la implementación de medidas concretas para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, incluyendo la atención oportuna por parte de las ARL y la expedición de un decreto sobre rehabilitación laboral y reconversión de mano de obra en casos de pérdida de capacidad laboral.

  • Perspectiva de género e inclusión

Se solicita la conformación de una Mesa Sectorial de Género, en cumplimiento del Decreto 243, con el objetivo de promover la equidad de género en el sector público. Además, se busca garantizar la inclusión de comunidades LGTBIQ+ y étnicas, fomentando un entorno laboral más justo y diverso.

  • Jóvenes y empleo

Se exige la creación de una Mesa de Juventudes para fortalecer el acceso al primer empleo y potenciar el programa «Estado Joven», asegurando oportunidades laborales dignas para los recién graduados.

Vendedoras del Malecón de Leticia: entre el abandono y la incertidumbre

Desde el corazón del Amazonas colombiano, en el Malecón de Leticia, se alza una voz que representa a decenas de mujeres cabeza de hogar que hoy enfrentan una realidad difícil. A pocos metros de la isla de La Fantasía y con la frontera de Perú al frente y Brasil al costado, este punto fronterizo no solo es geográficamente especial, sino también un centro de lucha diaria por la dignidad y el trabajo informal.

«Estamos aquí, en el Malecón de Leticia, pero nos sentimos como si estuviéramos en un juego de pin pon», comentó una vendedora con más de 30 años de experiencia en la zona. Se refiere a las constantes órdenes del alcalde local, que los mueve “de aquí para allá y de allá para acá” sin ofrecer soluciones concretas ni considerar la realidad de quienes viven de este espacio.

El malestar crece entre los comerciantes. Las amenazas de reubicación sin un plan ordenado ni concertado, han generado un ambiente de desconfianza. Las vendedoras no se oponen a la organización del espacio, pero piden que haya diálogo, respeto y sentido común. “Si van a reubicarnos, primero hay que organizarnos: los que venden asado en una parte, los de cafetería en otra, por secciones”, propone una de ellas, buscando mejorar tanto la imagen del lugar como las condiciones de trabajo.

Hoy, el Malecón luce desordenado, afectado por la informalidad, la falta de servicios básicos y la creciente presencia de problemáticas sociales como la drogadicción, que también ahuyenta a los turistas. “¿Cómo va a querer un turista sentarse a comer entre el humo, las cosas en mal estado, y encima ver tanta drogadicción?”, se pregunta con frustración una de las mujeres.

La situación es crítica: los turistas ya no consumen como antes, y la economía del lugar depende en gran parte de los habitantes de las veredas y del río. Sin apoyo del gobierno municipal ni departamental, muchas de estas mujeres sienten que están solas, invisibles para las instituciones.

“Somos madres cabeza de hogar, trabajamos desde las 3 de la mañana hasta la tarde, y no tenemos un salario digno. Solo pedimos que nos dejen trabajar en paz”, concluye una de las vendedoras, haciendo un llamado a la unidad de sus compañeras y al respeto por su labor.

Este testimonio no solo refleja el abandono institucional, sino también la urgencia de crear políticas públicas que dignifiquen el trabajo informal en las regiones más apartadas del país. Porque detrás de cada puesto de venta en el Malecón de Leticia, hay una historia de esfuerzo, de lucha y de resistencia.

 

 

Subcomisión Departamental de Política Salarial

En el marco de la Subcomisión de Política Salarial, un espacio tripartito de diálogo entre trabajadores, entidades públicas y gremios empresariales, se abordaron temas cruciales para el mundo laboral en Colombia, tanto a nivel nacional como distrital. Este espacio busca analizar y fortalecer la política pública de trabajo decente, en un país que aún enfrenta profundas brechas en materia laboral.

Desde la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), especialmente desde su seccional Bogotá–Cundinamarca, se ha venido denunciando de manera reiterada las violaciones sistemáticas al derecho de asociación, así como la falta de garantías en seguridad social, riesgos laborales, libertad sindical y condiciones de contratación dignas.

Colombia sigue siendo, tristemente, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sindicalismo. Es el país con más líderes sindicales asesinados, y aún persisten conductas antisindicales que deben ser identificadas, inspeccionadas y sancionadas. La política pública en construcción busca precisamente fortalecer ese ejercicio de inspección para que el derecho a sindicalizarse sea realmente respetado.

Uno de los temas críticos expuestos fue la alta informalidad laboral, especialmente en Bogotá, que deja a miles de personas por fuera del sistema de protección social y sin garantías mínimas. En ese sentido, la CTC celebra los esfuerzos del gobierno nacional para promover planes de contratación con beneficios para jóvenes, personas en condición de discapacidad y adultos mayores, pero insiste en que estos programas deben ser visibles, ampliamente conocidos y efectivamente implementados por las empresas, garantizando la contratación directa, con seguridad social y todas las prestaciones de ley.

Como Confederación, la CTC ha reafirmado su compromiso con el trabajo digno, decente y estable. Y para lograrlo, considera clave la implementación del diálogo social como principio fundamental en las relaciones laborales. Promover el contacto directo entre trabajadores y empleadores permite abordar conflictos, prevenir abusos y construir soluciones colectivas.

Durante esta jornada también se abordaron temas de especial interés como la erradicación del trabajo infantil y la implementación de la nueva ley pensional, que busca beneficiar a millones de colombianos. Asimismo, se hizo un llamado a fortalecer enfoques transversales dentro de la política pública, como el enfoque de género y el de garantía de los derechos humanos, fundamentales para cerrar brechas de contratación, eliminar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, y asegurar condiciones laborales justas para todas y todos.

El viacrucis por los medicamentos: la salud de los colombianos no puede esperar

El sistema de salud en Colombia ha enfrentado una crisis sin precedentes. En múltiples ciudades, miles de personas —entre ellas adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades graves como cáncer o diabetes—han soportado interminables filas en los dispensarios, aferrados a la esperanza de recibir sus tratamientos. Sin embargo, al final del recorrido, muchos se encontraron con una realidad desoladora: los medicamentos que necesitaban no estaban disponibles. La incertidumbre y la impotencia se convirtieron en parte del diagnóstico diario para quienes más urgían atención.

Desde la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) alzamos la voz para exigir al Gobierno Nacional respuestas inmediatas. No se puede seguir postergando la solución de una problemática que ha afectado a miles de ciudadanos y puesto en riesgo sus vidas

“Colombia tiene, hasta el momento, ocho EPS intervenidas y, aunque el debate sobre la reforma a la salud continúa en el Congreso, lo más preocupante es que más de 651.000 pacientes con cáncer —equivalente al 1,28% de la población— enfrentan su enfermedad sin el apoyo mínimo que debería garantizar el Estado: el acceso a sus tratamientos”, indicó John Jairo Caicedo, presidente de la CTC.

Esta crisis no puede reducirse a un debate técnico o político entre quienes apoyan o rechazan el nuevo modelo de salud. “Los más perjudicados han sido los usuarios: la ciudadanía trabajadora, la población de a pie, los familiares de quienes sufren y no encuentran respuestas. Y como CTC Colombia, no podíamos mantenernos al margen. Fue nuestra responsabilidad ética y sindical pronunciarnos con firmeza”, añadió el presidente. 

Desde la CTC se propuso la creación de una comisión nacional de seguimiento a la crisis de medicamentos, integrada por actores sindicales, técnicos en salud, y representantes de los usuarios, que elevará propuestas concretas y realizará veeduría sobre el cumplimiento de las obligaciones del sistema.

La CTC continúa apoyando las luchas que representarán mejoras reales para los colombianos, pero también cuestionó con responsabilidad aquellas decisiones que profundizaron las brechas o agravaron el sufrimiento del pueblo.